Después de 4 horas de debate, el Senado dio media sanción a la modificación en general a la Ley de Glaciares (26.639) por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención. El texto pasó a la Cámara de Diputados, donde será analizado en el período ordinario.

Este proyecto que modifica a la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.

La norma, redactada por el Consejo de Mayo, propone además la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.

También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita una serie de evaluaciones estratégicas, cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

El camino de la sanción

La Libertad Avanza contó con el apoyo de los aliados radicales, del Pro, los provinciales y también integrantes del peronismo que responden a provincias mineras. El tramo final del debate fue presenciado en uno de los palcos por Karina Milei, quien concurrió acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El resultado de la general se repitió en las siete votaciones en particular, luego de que el principal interbloque opositor reclamara por la lectura del dictamen con cambios que se conoció pocos antes del cierre de los discursos.

Una vez aprobada la norma, se inició el debate en particular, que incluiría las múltiples modificaciones acordadas a puertas cerradas, y que desataron una fuerte polémica en el recinto cuando pasadas las 15.30 desde el bloque de José Mayans salieron a alertar sobre esos cambios de los que recién se estaban anoticiando a través de un papel que habían recibido todos los legisladores durante la exposición de los miembros informantes que, dicho sea de paso, no habían aludido a dichas modificaciones.

La jornada comenzó temprano con la detención de 12 activistas de Greenpeace y algunas movilizaciones en Jujuy y otros puntos del país.

En contrario, la senadora Flavia Royón (Salta) expresó: “Se trata de instalar un terrorismo ambiental, o que con este proyecto se entrega el agua o los glaciares”, entendiendo que “en el objeto se refuerza la protección”. Señaló que en el texto “se habla de las reservas de agua, la provisión de agua para agricultura, biodiversidad, fuente de información científica, como atractivo turístico, y reafirma que los glaciares son bienes de carácter público”, y que “el articulo 1 reivindica el federalismo ambiental”.

“Acá no se está entregando el agua; al contrario, se refuerza la protección de los recursos. Nadie discute que el ambiente glaciar tiene que estar protegido, que el ambiente periglacial donde haya una función hídrica, y donde haya una reserva estratégica tiene que estar protegido”.

Agregó que “la ley de 2010 mandó a hacer un inventario”, el cual fue realizado por el instituto correspondiente, y puntualizó que para el ambiente periglacial “tenemos que bajar al nivel 2 o el nivel 3. Estos estudios de campo o laboratorio toman muestras que hay que hacer en territorio. Ahí es donde las provincias tienen que intervenir, porque tenemos que proteger el agua. Tenemos que pasar de la lógica de la forma, a la lógica de la función. No es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger”.

Señaló que “estos estudios de campo implican un involucramiento en el territorio y los que tienen precisamente involucramiento en los territorios son las provincias. Y la Constitución dice que son las provincias las que tienen el dominio originario de sus recursos”.

A su turno, la senadora Terenzi, cuestionó: “¿Cómo puede ser que una ley aclaratoria permitiera actividades que la ley original prohibió? Nadie me contestó eso”. Resaltó “el federalismo ambiental que es esta conjunción entre el artículo 41 y el 124 de la Constitución Nacional” y que “fue la Corte Suprema la que equilibró ambos artículos con este federalismo de concertación ambiental donde la Nación se preserva, a través del Congreso, el dictado de los estándares mínimos y las provincias gestionan y complementan”.

“SI lo analizamos desde ese lugar, la ley original no vacía las competencias provinciales, al contrario, evita asimetrías que tienen que ver con lo regulatorio, evita que en distintas jurisdicciones se trate a los mismos bienes en forma diferente, protege la relevancia de un recurso estratégico en casos de interjurisdiccionalidad y porque son transgeneracionales”, dijo.

Terenzi remarcó que el proyecto cuenta con objeciones estructurales y ambientales, al tiempo que reclamó la falta de participación ciudadana que opine al respecto: “Se desnaturaliza el concepto de presupuesto mínimo volviéndolo flexible y negociable; fragmenta la tutela ambiental uniforme que exige el artículo 41 de la CN; se aparta del equilibrio que ha logrado la Corte porque se aparta del federalismo ambiental de concertación; introduce riesgo de regresión normativa contrariando los principios de progresividad y no regresividad”.

El senador catamarqueño Flavio Fama avaló la iniciativa, sintetizando: “Debemos ser cuidadosos con el ambiente, pero no podemos bloquear el desarrollo”. En esa línea, propuso que esto es un “desafío para los gobernadores”, en unificar criterios “para que sean aplicados con homogeneidad”, en virtud del Inventario Nacional de Glaciares.

Patricia Bullrich resaltó la potestad de las provincias de explotar sus recursos estratégicos, para rechazar lo que definió como una “concepción retrógrada de no lograr que la Argentina pueda explotar sus recursos naturales. Porque siempre hay un pero que impide que el país pueda crecer. Porque es más fácil un país dominado con lógicas feudales. Es más fácil un país en el que la lógica corporativa feudalista le gana al capitalismo desarrollado”.

 “Acá parece que la Argentina tiene la obligación casi de ser un país pobre. Por eso estamos cambiando la historia, porque no queremos más discutir esta lógica ridícula, retrógrada, entre ambiente y economía, como lo han dicho tantos senadores en esta sesión. Porque esta dicotomía hace pobres a los argentinos".

“Es una dicotomía que piensa en una sola dimensión; no puede pensar que se puede compatibilizar total y absolutamente la capacidad de un pueblo de pensar en sus recursos estratégicos hídricos, mineros, o de cualquier otro tipo”, enfatizó.

Sobre el final, Bullrich dio cifras sobre los ingresos que pueden llegar al país: en exportaciones mineras, 2025, más de 6.000 millones de dólares; hacia 2029, 14.000 millones de dólares. “¿Les parece poco? Imagínense lo que va a cambiar si nos apoyan”, señaló, para apuntar luego que “tenemos la reserva más importante de plata en el país; sin embargo, eso todavía se está discutiendo. Ojalá podamos avanzar”, finalizó.