Los funcionarios indicaron que se trata de un paso decisivo hacia un modelo más ágil, eficiente y transparente para la resolución de los conflictos derivados de accidentes y enfermedades laborales. Además valoraron el “diálogo social constructivo” que la Superintendencia mantiene con la provincia, destacando “el compromiso compartido en la búsqueda de herramientas que hagan más eficiente al sistema de riesgos del trabajo”.

Según se informó oficialmente, las autoridades señalaron además que la ley no sólo agiliza los procedimientos del sistema, sino que también contribuye a reducir los niveles de litigiosidad en el ámbito laboral. Así, la vigencia de la norma permitirá desalentar la judicialización innecesaria, al tiempo que generará beneficios concretos para el entramado productivo local.

Para garantizar su correcta implementación, trascendió que los referentes marcaron la importancia de avanzar en la conformación de cuerpos de peritos judiciales especializados, que actúen en sintonía con las comisiones médicas y apliquen el baremo o tabla de evaluación del daño, favoreciendo la unificación de criterios entre los distintos ámbitos de resolución.

 

Finalmente, se recordó que la Ley 27.348 tiene como pilares fundamentales la prevención de los riesgos laborales, la celeridad y transparencia en la resolución de reclamos, la disminución de la litigiosidad y el fortalecimiento de un entorno previsible que incentive las inversiones en el sector productivo.