Aun con consenso público sobre la necesidad de actualizar el actual régimen, resta consensuar el texto final del anteproyecto que el Poder Ejecutivo debería remitir la Legislatura, con suficiente antelación para su debate e incluyendo posiciones de intendentes, comuneros y bloques parlamentarios. Quienes impulsan su ágil tratamiento, apuntan a que se garantice la llegada de recursos estables para sueldos y obras, superando la discrecionalidad en la asignación de fondos y otorgando mayor previsibilidad en la gestión.

“Con el gobernador Carlos Sadir, y yo como vicegobernador, tenemos la decisión de tratarlo, pero de forma responsable. No de mandar un proyecto a la legislatura que ingrese y que, porque tenemos una mayoría circunstancial podamos aprobarlo, o porque tenemos la mayor cantidad de intendentes como fuerza política y podamos hacer lo que dicen nuestros intendentes porque si, nada más”, aclaró al respecto Alberto Bernis.

“Creo que vamos a hacer lo que dicen los intendentes, obviamente, con aporte de ellos. Y vamos también como gobierno, por eso la gente nos eligió, para hacer una ley que entendemos nosotros que es la mejor ley posible. Pero también queremos escuchar a toda la ciudadanía”, aclaró el presidente del cuerpo al ser consultado por los plazos previstos para este paso.

En efecto, el marco vigente data de 1977 y de sucesivas modificaciones en la década de los 80´y 90´. Por tanto, se aguarda una modernización definitiva.  

“La verdad es que tendría que haber una ley de coparticipación desde hace 30 años; que se fijen las reglas de juegos claras. Pero, nunca la hubo. Con esto no quiero ser animoso con nadie ni crear ninguna animosidad hacia ningún partido político. Éste es un proyecto que tiene que estar por encima de las fuerzas políticas”, subrayó al respecto Bernis.

Recalcando esta herramienta para el manejo de los recursos por parte de cada uno de los municipios y “para brindar mejora a los vecinos”, consideró que “es bueno” que se discuta, que “lo importante es que hace dos años que se está discutiendo” y que, “cuando salga, va a ser una muy buena ley”.

No obstante, aclaró los alcances de la actual ley: “se dan todos los meses los recursos a los intendentes, donde está tomada como base la cantidad de empleo público que tiene cada uno a partir del año 23´. A partir de ahí se dan refuerzos de coparticipación, para que ellos puedan afrontar sus gastos, pagar sus sueldos y hacer las pequeñas obras que hacen cada uno de los municipios”.

En este marco, resaltó la suspensión de partidas por parte del Ejecutivo Nacional y que hoy afronta la provincia. “No nos olvidemos qué recursos se bajaron: bajó la coparticipación para obra pública a través de la Nación, que había fondos especiales para eso, así como el impuesto a los combustibles”, dijo.

“Todas esas cosas tenemos que acomodarlas y arreglarlas para hacerlas con recursos de la provincia, y eso es lo que está demorando tal vez”, finalizó.

El debate pendiente

Con los antecedentes de una veintena de proyectos presentados desde la década de los 90´, discusiones inconclusas en el seno de comisiones y expedientes de circulación parlamentaria, el debate por una nueva Coparticipación se asienta en instancias de consulta con diversos jefes municipales y promovidas por el Ejecutivo Provincial, apuntando a un proyecto único y consensuado.

Más allá del acuerdo político, resta la unificación de criterios técnicos, tales como garantías mínimas (pisos coparticipables) para cubrir sueldos y SAC; fórmulas e índices de distribución (coeficientes por población, capacidad recaudatoria, necesidades por región); fondos de desarrollo comunal y afectaciones específicas (para obras y proyectos locales); mecanismos de control y transparencia; límites a prácticas discrecionales y asignaciones extraordinarias, entre otros. Tales ejes resuenan desde hace años en el ámbito municipal y parlamentario.