Con el inicio de las sesiones extraordinarias, el oficialismo busca acelerar los tiempos para tratar el proyecto a mediados de febrero y enviar la iniciativa a Diputados, en un contexto político marcado por la fragmentación parlamentaria y la necesidad de construir consensos.

Para la Casa Rosada, la aprobación de la reforma tiene un valor político estratégico. El objetivo es llegar al 1° de marzo, cuando se inauguren las sesiones ordinarias, con una señal concreta de capacidad de gestión y de avance en su programa de reformas estructurales, tras un 2024 y comienzos de 2025 con dificultades para imponer agenda en el Congreso.

El recorrido del proyecto ha sido irregular. Aunque el oficialismo logró dictamen en diciembre, no reunió los votos suficientes para avanzar hacia el recinto. Desde entonces, se abrió una etapa de negociaciones con senadores dialoguistas, gobernadores y aliados potenciales, con pedidos de modificaciones que aún se discuten en la órbita del Ministerio de Economía.

La estrategia política del Gobierno combina acuerdos con mandatarios provinciales y negociaciones voto a voto con senadores independientes o con agendas propias. En el Ejecutivo admiten que el respaldo de los gobernadores es clave, pero insuficiente para garantizar una mayoría estable en la Cámara alta.

Uno de los principales focos de tensión es fiscal. Las provincias observan con cautela el impacto de la reforma sobre la coparticipación y los recursos disponibles, en un contexto de restricción presupuestaria, paralización de la obra pública y presión sobre los gastos corrientes. El Gobierno sostiene que absorberá el mayor costo, pero el interior teme un ajuste adicional.

El proyecto también genera resistencias sindicales. Las centrales obreras y dirigentes gremiales cuestionan una posible precarización laboral, la ampliación de modalidades contractuales flexibles y una eventual pérdida de poder de negociación colectiva. Además, advierten que la reforma prioriza la reducción de costos empresariales sin un esquema robusto de protección social.

En el plano institucional, uno de los puntos más controvertidos es la delegación de amplias facultades al Ministerio de Economía para reglamentar aspectos centrales de la ley. El artículo 212 concentra atribuciones sobre incentivos a la inversión y disposiciones tributarias, lo que despierta críticas por la discrecionalidad administrativa y la falta de previsibilidad normativa.

Mientras tanto, la oposición kirchnerista mantiene un perfil relativamente bajo en la Cámara alta, con menor confrontación pública y mayor foco en la negociación política. El debate, más que técnico, se concentra en la construcción de mayorías y en la capacidad del Ejecutivo para sostener su discurso reformista sin ceder puntos centrales.

El desenlace del debate será una prueba de fuego para el oficialismo. Una aprobación, incluso con cambios, fortalecería la posición política del Gobierno y su programa económico. Un nuevo bloqueo legislativo, en cambio, podría consolidar una imagen de debilidad parlamentaria y condicionar las expectativas económicas y políticas del año.