Días después de las elecciones presidenciales, se conocieron novedades en el juicio por la expropiación de YPF. Mientras las acciones de la compañía reaccionaron con fuerza a la victoria de Javier Milei, la jueza de Nueva York, Loretta Preska, accedió al pedido de la Argentina para no depositar US$16.000 millones, pero a cambio deberá entregar algunos activos para evitar embargos.

“La jueza Preska accede a pedido argentino de evitar depositar la totalidad del fallo YPF de US$16.100 millones, pero ordena a Argentina a aportar otros activos mencionados por los demandantes (acciones YPF, entre otros) como garantía para evitar embargos”, explicó el especialista Sebastián Maril.

“También suspende posibles embargos hasta considerando la totalidad del fallo de US$16.100 millones, pero Argentina debe depositar un monto menor si quiere evitar embargos”, agregó en su cuenta de X.

“El caso es que Argentina tiene hasta el 5 de diciembre para depositar garantía. No lo va a hacer. El presidente-electo Milei asume el 10 de diciembre”, consideró luego Maril. Y remarcó: “Recomiendo a los beneficiarios del fallo no comenzar embargos el 5 de diciembre y empezar a dialogar con la o las personas nombradas por el presidente-electo 'pronto'. Hay caminos para resolver esto. Hay ganas de dialogar”.

Al respecto, el fallo de Preska concluyó que “la moción de la república de suspender la ejecución de la sentencia definitiva en espera de la apelación sin fianza se concede en parte”. Y aclaró: “El Tribunal determina que la república tiene derecho a una suspensión de la ejecución pendiente de apelación sin fianza por el monto total de la sentencia de US$16.000 millones”.

La jueza de Nueva York manifestó en el escrito que “en lugar de una fianza y como condición para suspender la ejecución, la república dará como garantía a los demandantes su participación accionaria en YPF (es decir, los intereses no destinados a las provincias argentinas), y además sus cuentas por cobrar del proyecto Yacyretá”.

Preska, además, fijó una fecha límite para cumplir con lo dispuesto: “La Argentina deberá hacerlo a más tardar el 5 de diciembre de 2023. La ejecución de la sentencia definitiva queda suspendida hasta esa fecha, sujeta a una nueva suspensión una vez cumplidas las condiciones aquí ordenadas”.

Por último, la magistrada estadounidense sentenció: “A la luz de la garantía mínima requerida y para evitar mayores demoras, la Corte exige que la Argentina busque rápidamente una revisión acelerada de su apelación como condición para proceder sin garantía total”.