Mientras ambientalistas, agrupaciones políticas y grupos en contra de la modificación coparon inmediaciones del Congreso Nacional, en el palco del recinto estuvieron referentes como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, esperando esta definición clave para el sector de LLA y con ello el avance del proyecto del Gobierno Nacional –redactado por el Consejo de Mayo- y en consonancia con mandatarios de provincias cordilleranas vinculadas a la minería.

Con la nueva ley, se redefine el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios. Se habilita a “ordenar” al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos en caso que, mediante estudios técnicos – científicos, se considere que no cumplen con las funciones hídricas previstas.

La norma incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. En tal sentido, prevé la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas.

Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el Inventario.

Habrá cambios en el régimen de prohibiciones, que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Modifica también la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial; habilita la ejecución de evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite y se exceptúan únicamente las actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

Por último, la norma redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. Al respecto, el Gobierno señaló que, a 15 años de vigencia de la ley, sólo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

A favor y en contra

La modificación de la Ley de Glaciares llegó al recinto un día después de haber conseguido dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. Opositores reclamaron que en ese ámbito solamente se escucharon a funcionarios nacionales y provinciales del área minera a favor del proyecto, y que no se permitió a constitucionalistas entendiendo que la flamante ley es "inconstitucional" por su “regresión en derecho ambiental”.

Por Jujuy, votaron a favor los diputados Manuel Quintar, Alfredo González y Bárbara Andreussi (LLA), junto a Jorge Rizzotti (UCR- Provincias Unidas), mientras que María Inés Zigarán (UCR) y Guillermo Snopek (PJ -UP) rechazaron el proyecto.

A escala general, junto al bloque de La Libertad Avanza, votaron positivamente: interbloque Fuerza del Cambio, integrado por el Pro, la UCR, Karina Banfi y José Luis Garrido (con la excepción del MID); Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo e Independencia (bloques provinciales que responden a los gobiernos de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan y Tucumán; parte del interbloque Unidos, y dos integrantes de Unión por la Patria (UP).

Votaron en contra el grueso de UP, la mayoría del interbloque Unidos, el Frente de Izquierda y los monobloques Defendamos Córdoba, Coherencia y Primero San Luis.

Hubo una sola votación al final del debate, ya que previamente se aprobó una moción del diputado Nicolás Mayoraz para que se realice en único acto la votación en general y en particular. Por rechazo a esta única votación, se abstuvieron los diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, y también su par Karina Maureira (Neuquén).

ONG's, asociaciones y particulares anticiparon que acudirán a la Justicia, asumiendo que la audiencia pública previa (de 2 jornadas y que no alcanzó los más de 100 mil interesados para participar) no cumple con lo establecido en la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú, entre otros puntos de rechazo.