Reducir el déficit fiscal, ordenar las cuentas del sistema energético y limitar el beneficio a regiones con “efectiva severidad climática”: son parte de los objetivos de la iniciativa firmada por el presidente Javier Milei, para su discusión en la Cámara baja. Sale al cruce de la ampliación del régimen fijada por la ley 27.637, entendiendo que dicha extensión territorial “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema” al sumar zonas “sin condiciones climáticas equivalentes”, provocando “un incremento significativo del universo de beneficiarios, del costo fiscal del régimen y de la magnitud de los subsidios cruzados entre jurisdicciones”.

El proyecto propone reformular el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, sostenido hoy mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el consumo de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte a escala país. Para el gobierno, este porcentaje no alcanza y “se necesitan fondos adicionales del Tesoro Nacional”, rompiendo la cadena de pago del gas a productores.

“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”.

Así, el gobierno propone mantener el subsidio al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes para la Patagonia, Malargüe y la Puna, limitando las zonas incorporadas desde 2021 y otorgando este beneficio sólo a hogares con menores ingresos estipulados en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (creado en 2025) y a beneficiarios de programas específicos (ReNaBaP, pensionados veteranos de Malvinas, etc.).

Asimismo, el subsidio se calculará sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa. La compensación se pagará directamente a los proveedores, excluyendo a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de cobros.

El rechazo opositor

Diputadas y senadoras salieron al cruce. La senadora Anabel Fernández Sagasti, quien aseguró que “están en juego 400.000 hogares mendocinos” y que “miles de familias y jubilados que hoy se ven obligados a elegir entre comer o calefaccionarse”. Denominó al proyecto oficialista como una “trampa técnica”, pasando de un subsidio porcentual a la “Canasta Básica Energética” con un “tarifazo encubierto que ignora la realidad térmica” de las zonas áridas”.

Para la senadora Ana Marks (Río Negro), “la Ley de Zona Fría no es un privilegio: es una herramienta que compensa desigualdades estructurales”, y modificarla “implica aumentar las facturas y también la carga impositiva indirecta” con “más ajuste, más exclusión y más pobreza energética”.  

“El descuento del 30% o 50% se aplicaba sobre prácticamente toda la factura. Con este proyecto, lo limitan solo al precio del gas, dejando afuera transporte, distribución e impuestos. Es decir, los aumentos más fuertes van a impactar de lleno en el bolsillo de los usuarios”.

Finalmente, adujo que la iniciativa que se analizará en la Cámara Baja apunta a otorgar al Presidente la facultad de modificar las modalidades del beneficio, subir o bajar hasta un 50% el recargo que pagan los usuarios del resto del país. “Es un cheque en blanco que ya sabemos a quién más va a afectar”, concluyó.