A través de la Resolución General 5910/2026, las flamantes medidas del organismo nacional incluyen la imposición de un tope de 150 dólares diarios por poblador para el Tráfico Vecinal Fronterizo y excluye del régimen los envases de 10 kilos o más, así como los granos de trigo, soja y maíz.

“Aunque el organismo argumenta que la norma busca evitar desvíos comerciales, la restricción golpea de lleno a la economía local y pone en riesgo el sustento cotidiano de comerciantes, paseros, carreteros, estibadores, taxifleteros y vendedores ambulantes que dependen del movimiento fronterizo”, precisó un comunicado difundido a través del municipio quiaqueño.

“El impacto social de esta regulación amenaza a unas 3.500 personas que viven de la actividad comercial diaria, en un contexto donde no se han previsto canales de transición ni alternativas viables de formalización acordes a la escala de los pequeños operadores”.

Ante esta coyuntura, se anticipó que la movilización recorrerá las calles céntricas de la ciudad para visibilizar a las familias afectadas y exigir soluciones concretas, tanto al municipio como a las autoridades provinciales y nacionales. Asimismo, dirigentes del sector manifestaron la intención de reunirse con el gobernador Carlos Sadir “para mediar ante los organismos de fiscalización nacional y buscar vías de diálogo operativas”.

“El reclamo pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar los controles fronterizos con pleno conocimiento de la realidad territorial, evitando que las medidas administrativas ahoguen la economía de una ciudad históricamente construida en torno al intercambio comercial. La comunidad apela a la conformación de mesas de trabajo conjuntas entre la Aduana, ARCA y los representantes locales para preservar las fuentes de trabajo sin descuidar el ordenamiento fiscal”, expresó un comunicado.

Los impulsores de esta marcha pacífica aseguraron un objetivo claro: “La Quiaca busca recordar al país que la frontera es un territorio habitado y sostenido por familias trabajadoras que requieren políticas de desarrollo e integración sustentables”.

Amparo judicial en Salta

En tanto, se aguardan novedades luego que autoridades de la frontera salteña presentaran un amparo judicial para frenar la Resolución General 5910/2026. La acción, realizada por el interventor de Aguas Blancas Adrián Zigarán y el intendente de Salvador Mazza Gustavo Subelza, persigue que la Justicia Federal declare la inconstitucionalidad y nulidad de la normativa vigente.

"Con esta resolución, los comercios de fronteras pasamos a ser drugstore y eso no está bien" dijo Zigarán en entrevista con Radio Salta, cuestionando los intereses detrás de estas restricciones en zonas tradicionalmente dedicadas a este movimiento comercial.

"Pensamos que la persona que decidió tomar esta medida es alguien que busca que los grandes exportadores se queden con el comercio de la frontera", concluyó.