Si la lupa se coloca sólo sobre el fin de semana XXL de junio, las pérdidas fueron de cerca de $700 millones. La preocupación se acrecienta de cara al ingreso a la temporada alta, a partir del receso invernal escolar de dos semanas de julio en todo el país.

La radiografía de protestas de ayer mostró 11 cortes de ruta en distintos puntos del territorio jujeño (afectan las rutas nacionales 9, 34, 52 y 40), protagonizados por miembros de comunidades originarias en rechazo a la reforma constitucional aprobada el 20 de junio, impulsada por el gobernador radical y precandidato a vicepresidente de JxC (en dupla con Horacio Rodríguez Larreta), Gerardo Morales.

Entre los puntos de protestas se incluyen el cruce de la Ruta Nacional 9 y la 52, en la entrada a Purmamarca (con apertura al tránsito cada 3 horas); en Tilcara (también sobre la Ruta 9) y en La Quiaca, Abra Pampa, Susques y el acceso a Cauchari.

Según datos difundidos desde despachos provinciales, el diagrama de cortes genera en la actualidad pérdidas diarias del orden de los $120 millones, un monto que se incrementa a $200 millones diarios si se trata de temporada alta. A tono con la incertidumbre entre los turistas el esquema de protestas, la ocupación hotelera registra una caída del 50%.

Los datos fueron incluidos en una solicitada publicada ayer en medios locales. “Cortemos con los cortes”, fue el planteo plasmado en el título por el Gobierno jujeño.

“Llevamos 20 días sufriendo un perjuicio por personas que no abren canales de diálogo y no clarifican sus protestas”, aseguraron desde la administración de Morales. En esa línea, remarcaron que “el reclamo violento, cortando rutas y paralizando la libre circulación, en nuestra provincia produce un perjuicio que en muchos casos es irreparable, limitando las actividades comerciales a miles de jujeños”.

La erosión excede el ámbito del turismo. “Los cortes de ruta generan un impacto negativo en el normal desarrollo de las producciones locales, perjudican directamente los flujos de provisión de materia prima, el traslado del personal, los servicios agropecuarios y la comercialización”, enfatizó el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, con el foco puesto en las necesarias actividades de logística y reaprovisionamiento de los sectores productivos. Además dijo que existe una fuerte preocupación entre empresarios y productores, en una provincia con un 70% de la actividad centrado en el comercio y los servicios.

“Las consecuencias son de una gravedad preocupante; hay empresas que decidieron posponer sus planes de inversión por la inseguridad que se ha generado”, subrayó.