En medio de la agenda de numerosos proyectos enviados que el Ejecutivo envió a la Cámara Alta, la reforma de la ley de biocombustibles vuelve a ser centro de debate, luego de diversas reuniones informativas para modificar la norma sancionada en 2021 (respaldada en ese entonces a partir de un proyecto de Máximo Kirchner) que no llegaron a un dictamen.

Una de las propuestas en danza pertenece a la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en virtud de la elaboración de criterios desde la Secretaría de Energía. Apunta a elevar el corte obligatorio de biodiésel de 5% a 7,5% y a 10% un año después; mientras que para el bioetanol propone mantener el 12% por 12 meses y luego incrementar al 15%. A su vez, la Secretaría de Energía podría modificar los porcentajes discrecionalmente.

En tanto, posibilita "la libre importación de biocombustibles para ser utilizados en mezclas superiores al corte obligatorio y en los casos en los que hubiese faltante de oferta para satisfacer la demanda del corte obligatorio", aspecto que alertó a diversos sectores pyme.

Por otra parte, la senadora Carolina Moisés (junto a su par Alejandra Vigo) viene impulsando una iniciativa acordada junto a 9 provincias, reclamando además las medidas provisorias ejecutadas por el Gobierno Nacional que no solucionan el panorama macro.

“Trabajamos durante el 2025 con las provincias bioenergéticas, industriales, productores, cooperativas, el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz, en un proyecto serio, federal y sin costo fiscal", detalló la parlamentaria por Jujuy.

Este proyecto propone una actualización integral de la Ley 27.640, con un incremento progresivo de los cortes obligatorios: el bioetanol pasaría del 12% al 15% y el biodiesel del 7,5% al 15% en un plazo de 3 años, lo que permitiría aumentar la producción nacional, sustituir importaciones y generar un importante ahorro de divisas.

También propone eliminar los cupos discrecionales y reemplazarlos por mecanismos de licitación pública, aportando mayor transparencia y competitividad al sector, al tiempo que garantiza neutralidad fiscal y estabilidad normativa.

La reforma es de especial interés en el norte argentino, donde esta actividad ocupa a unos 57 mil trabajadores dependientes de forma directa y 143 mil de forma indirecta.

Otras iniciativas en el seno de las comisiones del Senado son las presentadas por los parlamentarios Beatriz Ávila; José María Carambia y Natalia Gadano; y Flavia Royón.