La medida fue formalizada mediante la Resolución 64/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Minería, Luis Lucero. De este modo, quedaron sin efecto resoluciones dictadas entre 2008 y 2022 relacionadas con transferencias de fondos a provincias y municipios.

Las normas que perdieron vigencia se vinculaban con minería social, planificación estratégica, análisis de importaciones, género en minería y monitoreo ambiental, las cuales -según la postura del Ejecutivo Nacional- perdieron vigencia, resultan obsoletas o no son compatibles con los “lineamientos actuales de eficiencia, eficacia y austeridad” y la gestión orientada a reducir estructuras estatales.

Así, quedaron sin efecto 8 normas previas de la Secretaría de Minería y del ex-Ministerio de Desarrollo Productivo: las resoluciones 55/2008 y 134/2008 referían a un reglamento particular para la transferencia de fondos a provincias, municipios y otros entes, junto con una versión posterior de ese esquema; mientras que la resolución 36/2020 versaba sobre la adaptación del Plan Nacional de Minería Social a la emergencia sanitaria, con “carácter transitorio y excepcional”.

La Resolución 47/2020 de creación del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino; la 138/2020 sobre la operatividad de la Mesa Técnica de Análisis para la revisión de importaciones; y la 255/2021 de creación de la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas se sumaron a las normas derogadas.

También se hizo lo propio con las resoluciones 50/2022 -que prorrogaba por 180 días el plazo para presentar rendiciones de fondos recibidos por provincias en proyectos de minería social, huellas mineras y programas sociales- y la 53/2022 que creó el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería. En este caso, la flamante norma anunciada por Nación indica que tal implementación “deberá ser reemplazada por mecanismos alternativos más eficientes”.

En tanto, la resolución vigente aclara que la medida no afectará los derechos y obligaciones nacidos de Acuerdos suscriptos bajo la vigencia de las normas derogadas, los cuales deberán continuar con su ejecución, rendición de cuentas y, en caso de corresponder, acciones de recupero.