El proyecto conocido como Súper RIGI, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y actualmente es analizado en este semana por el Senado, volvió a quedar en el centro de la discusión política y económica. En ese marco, una carta abierta dirigida a los senadores cuestionó el alcance de los beneficios previstos para grandes inversiones tecnológicas.

Para los firmantes, el régimen otorgaría privilegios fiscales, estabilidad regulatoria durante décadas y mecanismos de protección jurídica excepcionales, sin establecer —según advierten— obligaciones equivalentes en materia de empleo local, transferencia tecnológica o desarrollo nacional. “El Súper RIGI no es una ley de promoción de inversiones, es la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera”, expresó la misiva.

Para los académicos, el problema no radica solamente en el incentivo a las inversiones, sino en el grado de estabilidad y protección que el Estado estaría otorgando a proyectos que pueden tener impactos económicos, territoriales y ambientales de largo plazo.

Agua, energía y cambio climático: una de las principales advertencias

La carta advierte que las grandes infraestructuras tecnológicas podrían recibir garantías regulatorias por 30 años sin normas estrictas sobre consumo de agua, energía o emisiones de carbono. Los firmantes ponen el foco en los centros de datos asociados a inteligencia artificial, cuyo funcionamiento requiere cantidades crecientes de electricidad y agua: “En un contexto de estrés hídrico y crisis climática, eso no es un detalle técnico: es una decisión sobre el territorio y los recursos de las próximas generaciones que vienen”.

Otro de los cuestionamientos apunta a los mecanismos de arbitraje internacional. El documento toma como antecedente el caso YPF y sostiene que “ceder soberanía jurídica sobre sectores estratégicos tiene costos multimillonarios”. Desde esa perspectiva, los firmantes consideran que extender mecanismos que puedan limitar la jurisdicción nacional implicaría asumir compromisos difíciles de modificar en el futuro.

A esto se suma una preocupación institucional: los académicos consideran que Argentina necesita atraer inversiones y desarrollar nuevas tecnologías, pero cuestionan que para hacerlo deba resignar durante décadas herramientas regulatorias sobre sectores estratégicos.

La contradicción con el sistema científico

“Mientras se propone eximir durante décadas a grandes infraestructuras tecnológicas extranjeras, el Estado desfinancia al CONICET y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, desmantela todas las áreas del sistema científico, pone en crisis a las universidades y expulsa valioso capital humano formado durante décadas”, enfatizó la carta, agregando que “ningún país construye soberanía tecnológica de esa forma” y que “eso no es una política de desarrollo: es su negación”.

El documento identifica a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) entre las universidades nacionales cuyos docentes, investigadores y miembros adhirieron al planteo, junto al INECOA, instituto de doble dependencia CONICET-UNJu, desde donde se desarrollan investigaciones en biodiversidad, ambiente, geología, cambio climático y recursos naturales en Jujuy y la región.

La discusión tendrá una particular importancia para Jujuy porque 3 representantes de la provincia en la Cámara alta intervienen en el debate: Ezequiel Atauche y Vilma Bedia (La Libertad Avanza); y Carolina Moisés (PJ - Convicción Federal), quien integra también la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado.

El mensaje final en la Carta dirigida al Senado busca instalar precisamente esa mirada de largo plazo: “La Argentina necesita inversión y nuevas tecnologías. Pero no a cualquier precio, y no resignando para siempre las herramientas para decidir sobre su propio desarrollo”. Y concluye con otra definición: “No hipotecar el futuro también es una forma de defender la Nación”.