Los mandatarios ratificaron “la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos" situados en sus respectivos territorios, como así también las facultades de administración sobre los mismos.

Asimismo, estimaron necesario requerir al Gobierno de la Nación que "propicie un ámbito deliberativo, real y oportuno para analizar en profundidad las adecuaciones propuestas a la Ley Nº 17.319 de Hidrocarburos", las cuales "modifican de manera sustancial el régimen actual", entendiendo que es la OFEPHI el espacio natural en el que deben tratarse cuestiones que hacen a la política hidrocarburífera.

Siguiendo esta línea argumental, plantearon su "rechazo" a las modificaciones antes aludidas y otras iniciativas que puedan interpretarse como un menoscabo o limitación a las facultades de administración de las provincias hidrocarburíferas y al dominio originario sobre los recursos naturales consagrado en el Artículo 124 de la Constitución Nacional y la Ley 26.197.

Al respecto, Sadir indicó que "en la órbita de la OFEPHI hicimos un pormenorizado análisis de los articulados contenidos en la denominada "Ley Ómnibus", poniendo el foco especialmente en su incidencia sobre la Ley 17.319 y su impacto en la actividad hidrocarburífera" y resaltó que "además de formular una serie de observaciones, pusimos a consideración un articulado que refleja la posición y los intereses de las provincias productoras de hidrocarburos, a fin de que se constituya en un aporte al debate parlamentario en el Congreso de la Nación".

Por otra parte, los gobernadores compartieron aspectos que se direccionan a establecer un marco jurídico para la actividad hidrocarburífera, de manera de dotar de mayor previsibilidad al rubro y, a su vez, mejorar la generación de empleo, los niveles de actividad económica y de agregado de valor en cada una de las jurisdicciones provinciales.

A través de una declaración conjunta, también se pronunciaron en respaldo a "todas aquellas iniciativas que generen incentivos para el sostenimiento e incremento de inversiones", con miras a potenciar la producción de petróleo y gas del país, a los efectos de fortalecer la seguridad energética nacional y el desarrollo del complejo exportador de los hidrocarburos y sus derivados. Demandaron asegurar la sustentabilidad económica de los inversores, social y ambiental de las poblaciones.

Defendieron los procesos licitatorios con pliego flexible, considerados “herramienta fundamental de previsibilidad y transparencia en el otorgamiento de permisos y concesiones”. Expusieron su “total desacuerdo” con la derogación propuesta del Artículo 32 de la Ley 17.319, por cuanto el mismo representa "una herramienta fundamental para el control, evaluación y aprobación de inversiones". Solicitaron corregir la eliminación del Inciso e, Artículo 80, de la referida ley que excluye como causal de caducidad de las concesiones hidrocarburíferas el incumplimiento de las obligaciones resultantes del Artículo 32. Los mandatarios no comparten la decisión del Gobierno de la Nación de eliminar la facultad de las provincias de otorgar prórrogas al plazo de vencimiento de concesiones actualmente vigentes.

Entienden que es “favorable y necesaria” la posibilidad de incorporar nuevos participantes nacionales e internacionales al desarrollo de los recursos hidrocarburíferos.

En otro orden, pidieron se contemple en la futura redacción de la Ley de Hidrocarburos, mecanismos que aseguren el libre acceso de instalaciones de procesamiento y transporte para fomentar el acceso a mercados por parte de los productores no integrados en las distintas cuencas. Plantearon la necesidad de mantener sin cambios el Artículo 59 de la Ley 17.319, referido a la determinación y el pago de regalía por parte de los concesionarios.

Advirtieron que es necesario actualizar los Artículo 57, 58 y 87 de la Ley 17.319 que establecen valores a abonar en concepto de canon de exploración, de canon de explotación y multas por esquemas que permitan su actualización automática.

Se expresaron “en apoyo y defensa del rol estratégico de las empresas estatales provinciales” en la consecución del desarrollo energético de capacidades técnicas y humanas en el sector para potenciar y preservar los recursos locales. Además, exteriorizaron su “desacuerdo con la idea de facultar al Poder Ejecutivo de la Nación para elaborar conjuntamente con las provincias una legislación ambiental uniforme para el sector hidrocarburífero”.

Reivindicaron la potestad de las provincias, conforme la Ley 26.197, rechazando la delegación de facultades en materia ambiental. En otro tramo del documento conjunto, solicitaron corregir la redacción del Artículo 207 del proyecto de ley por el cual "se delega en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de incrementar las alícuotas de los derechos de exportación de mercaderías comprendidas en los Artículos 203 y 204".