Entre las disposiciones vinculadas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado a escala nacional, se estipula que cualquier norma que “limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe” lo establecido en la Ley N°27.742 -sea a nivel federal, en la adhesión de las provincias al RIGI, o a nivel municipal- “será nula de nulidad absoluta e insanable”. Este aspecto ya es considerado por el Parlamento Provincial, desde donde surgieron los primeros posicionamientos.

El legislador provincial Juan Jenefes había mencionado semanas atrás que el RIGI “va a afectar el Compre Jujeño”, por lo que consideró necesario “proteger los intereses” de la provincia. “¿Quién va a venir a invertir a Argentina si no se levanta el cepo?”, cuestionó. Así, coincidió con otros sectores industriales que recalcaron como condiciones fundamentales para el éxito del RIGI la necesaria normalización y estabilidad cambiaria, con competitividad impositiva.

Ante el anuncio del envío del proyecto de ley por parte del gobernador Carlos Sadir a la Legislatura, para la adhesión parcial al RIGI, el diputado justicialista aclaró: “todo lo que implique inversiones no es malo y que apunte al desarrollo. Pero no a costa de todo”. Al mismo tiempo, consideró otros aspectos.

“Los recursos naturales pertenecen a las provincias y la renuncia a jurisdicción provincial, en caso de conflicto, va en contra de todo lo que establece la Constitución Provincial”.

El “mini RIGI”

A su turno, el diputado provincial Gastón Remy repasó que los grandes anuncios de inversión en 2022 se registran principalmente en petróleo y gas, minería y energías renovables, con líneas de créditos millonarias ofertadas desde Estados Unidos o a partir del Pacto Verde Europeo, frente a la transición energética. “No es casualidad que el RIGI haya definido las áreas de foresto industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas, siderúrgica, como los sectores comprendidos para la localización de las grandes inversiones. Hay incluso economistas que defienden el plan de Milei y consideran que el RIGI puede permitir concretar inversiones que están ya en carpeta de oro, plata y cobre en la mina Josemaría de San Juan o la planta de licuefacción de gas natural vinculada a Vaca Muerta”, expresó.

A su entender, el RIGI “no alcanza” para atraer un volumen mayor y sostenido de capitales. “En materia de empleo, lejos de dar solución al problema que hay, se va a profundizar la fragmentación actual entre un sector con trabajo registrado, otro precario y un mar de cuentapropistas precarizados”, dijo Remy.

A ello vinculó la Ley de Inversiones aprobada en 2016 por parte del Parlamento Provincial, que fue “otorgando facilidades fiscales” y créditos a casi 80 empresas –mayormente pymes- donde, a su entender, el impacto en el empleo “es más que limitado”.

“En 2022 se hizo una modificatoria a la Ley (de Inversiones), que la asemeja más a un RIGI jujeño, otorgando la devolución del 100% de los aportes patronales o del 30% de la inversión".

"Algo así se aprobó por ley especial para el Ingenio La Esperanza, que no pagará impuestos provinciales por 10 años y donde se facilitó su compra en cómodas cuotas, que pueden compensarse incluso con inversiones”, aseguró el diputado. Concluyó que el ingenio tiene menos trabajadores que al momento de su venta, acortó el plazo de trabajo anual y la mayor parte del personal “fue convertido a monotributo”.