“La inacción de las autoridades pone en riesgo el sistema y la fuente de trabajo de más de 1.600 trabajadores”, señaló la entidad mediante comunicado. Así manifestó las condiciones imperantes del sector, advirtiendo que “el sistema de transporte público atraviesa un momento límite”.

El “fuerte aumento del combustible en las últimas semanas, sumado a otros costos operativos” fueron determinantes para dejar a las empresas “sin margen para sostener el servicio”, según expresó la Cámara.

A ello sumó las tarifas desactualizadas, las compensaciones que no llegan en tiempo y forma, y el crecimiento del transporte ilegal que “opera sin controles ni obligaciones, generando una competencia desleal que agrava aún más la situación del sector”.

"El escenario es claro: sin medidas urgentes, la reducción de frecuencias y servicios será inevitable, afectando directamente a miles de usuarios".

Desde el sector trascendió la preocupación por el atraso de más de 3 meses de partidas provenientes de Nación (ATS), equivalente a unos 300 millones de pesos, déficit que se agrava al contemplar los subsidios provinciales congelados, que estarían atrasados en el orden del 150% y no se actualizarían desde hace más de 1 año y medio.