La iniciativa legislativa que consagra la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las adquisiciones de bienes de canasta básica a ciudadanos con recursos económicos limitados, efectuada a través de transacciones con tarjetas de pago, fue respaldada por la Comisión de Finanzas y Presupuesto del Senado.

Este proyecto de ley fue previamente aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada y ha recibido el respaldo mayoritario en el Senado.

Mientras que el partido gobernante, el Frente de Todos, brindó su respaldo a la propuesta legislativa compuesta por nueve artículos, el bloque opositor de Juntos por el Cambio optó por abstenerse de suscribir el dictamen.

La normativa se implementaría a partir del 1 de enero de 2024, y se otorga la capacidad a la entidad responsable para extender el alcance de los beneficiarios contemplados en la ley.

La propuesta tiene como objetivo conferir rango de legislación a la devolución del IVA aplicado a los artículos de primera necesidad destinada a las personas de bajos recursos, convirtiéndola de esta manera en "un instrumento de política tributaria" de manera "permanente", señaló el ministro de Economía, Sergio Massa, al dar a conocer su envío al Congreso.

La iniciativa "Compre sin IVA" seguirá hasta fin de año

El plan denominado "Compre sin IVA" se inició el 18 de septiembre y estará en efecto hasta el final de este año. Su objetivo es reembolsar el Impuesto al Valor Agregado aplicado a las adquisiciones de bienes de consumo realizadas mediante tarjeta de débito, con un límite de hasta $18,800 mensuales por beneficiario, siempre que no superen un ingreso equivalente a seis salarios mínimos.

El candidato a la presidencia por Unión por la Patria (UxP) indicó que la meta es "si es ley, definitivamente, puedan recibir también la devolución del IVA cuando realizan compras de alimentos, medicamentos, bebidas, carne, verdura, fruta, productos de higiene y productos de higiene del hogar".

El primer artículo determina que podrán acceder al reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aquellos que reciban jubilaciones, pensiones por deceso y pensiones no contributivas que no superen el equivalente a seis haberes mínimos garantizados, así como los perceptores de asignaciones universales por hijo con fines de protección social y de embarazo con igual propósito.

Asimismo, se extenderá esta ventaja a trabajadores que laboren bajo relación de empleo, con ingresos ya sea en el ámbito público o privado, siempre y cuando su retribución mensual no rebase el equivalente a seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

También se incluirá a aquellos cubiertos por el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, así como a quienes contribuyan bajo el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y estén registrados en conformidad con la Ley 24.977.

El proyecto puntualiza a su vez que "están alcanzadas por el beneficio de este Programa las compras de bienes en el marco de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local-Potenciar Trabajo".

"Compre sin IVA" apunta a los vulnerables

Además, se determina que "el reintegro mensual previsto en el presente Programa no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes".

Ricardo Guerra, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que representa al partido justicialista en la provincia de La Rioja, afirmó que este proyecto se encuentra "dentro de la política que el Estado nacional lleva adelante para reforzar los ingresos de los sectores vulnerables de la sociedad como paliativos de la situación de alta inflación que deteriora el poder adquisitivo de los salarios”.

“Estas políticas tienden a paliar la situación hasta que finalmente pueda ser controlado el flagelo de la inflación”, aseguró.

Por su parte, Víctor Zimmermann, quien ocupa el cargo de vicepresidente en la Comisión, representando al partido radical, declaró que la facción opositora se encuentra “conceptualmente de acuerdo con el programa” porque “todos sabemos de la inestabilidad económica de la Argentina”.

“Este proyecto genera rasgos de más incertidumbre”, , dijo posteriormente, haciendo hincapié en que la propuesta "representa "una pérdida de 26.000 millones de pesos de Coparticipación”.

“Este programa no tiene fuentes de financiamiento. O, dicho de otro modo, parte de su financiamiento irá a costa de la reducción de la Coparticipación de las provincias”, destacó.