La diputada nacional y presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, Carolina Yutrovica, inició una jornada de análisis tomando datos del INDEC para manifestar un cuadro “alarmante”: el 91% de los hogares argentinos tienen deudas; y de ese 91%, hay hogares que tienen más de 2 o 3 endeudamientos. A su entender, no se pretende quitar la responsabilidad que les cabe a los consumidores deudores, sino promover que esas personas tengan un trato justo y humano.

En el segmento de invitados, Adrián Ganino, secretario especializado en Relaciones de Consumo de la Municipalidad de San Martín, opinó que los “créditos tienen que otorgarse medianamente con alguna responsabilidad de los proveedores”, analizando previamente la capacidad crediticia del solicitante. Alertó sobre los límites de las tarjetas, y subrayó: “cuando un consumidor no puede afrontar la totalidad de la deuda y paga el saldo mínimo, eso es lo peor, el consumidor se vuelve muy vulnerable”. Sobre la falta de información, sostuvo que a veces los usuarios no advierten que el crédito no forma parte del salario. “Tenemos que entenderlo”, dijo.

Claudio Hugo Fede, juez civil y comercial en el Juzgado N° 7 de San Martín, manifestó que no hay herramientas para afrontar la situación del consumidor sobreendeudado, mientras que a los comerciantes se les puede aplicar la Ley de Quiebra. “Los requisitos que hacen al patrimonio comercial de una persona que entra en cesación de pagos no son los mismos para quien tiene que bancar la realidad familiar todos los días”, dijo.

Por su parte, la representante de Consumidores Libres, Magdalena Puntas lamentó que cuando los usuarios llegan a la asociación “ya están al borde de los embargos y no podemos hacer nada, salvo decirles que vayan a Defensa del Consumidor, que no puede hacer mucho”. Agregó que las empresas encargadas de cobrar deudas empiezan a llamar a las casas de los deudores, y tienen casos de personas mayores que reciben amenazas tales como que irán a buscar sus muebles, o reciben cartas documentos tiradas por debajo de la puerta.

Juan Ignacio Cruz Matteri, abogado por la Universidad de Salamanca, dijo que el consumidor “es vulnerable” por la sola situación de ser consumidor y no contar con el manejo total de la información. Advirtió que no hay una ley que regule las acciones colectivas, por lo cual pidió a los diputados ver la posibilidad de legislar en la materia para dejar de manejar las denuncias con “precedentes de Corte” y buscando “marcar la cancha” al proveedor.

En tanto, el diputado Daniel Arroyo habló de la necesidad de contar con un tratamiento legislativo específico para el sobreendeudamiento, dada la oferta crediticia que creció “brutalmente” y el re-crédito para pagar otra deuda, así como la necesidad de poner tope a la tasa de interés, a sabiendas que “el 85% de la gente no sabe cuánta plata debe”.

Diputados e invitados especiales en la Comisión de Defensa del Consumidor (foto HCDC)

Otras experiencias

Para Ted Mermin, director del Centro de Derecho de Consumidores de la Universidad de California, Berkley, si bien “Argentina está entre los pocos países que ya cuentan con el sistema de acciones colectivas”, no es suficiente “depender de esas acciones”. Expuso la idea de protección contra los “abusos de los cobradores”, citando que en California el 90% de los demandados por una deuda no se presentan para defenderse en la Corte. “Ese es un problema de acceso a la justicia. Tenemos leyes que exigen que los cobradores presenten pruebas de que están demandando a la persona correcta y por el monto correcto, pero muchas veces esas leyes no se aplican porque los consumidores no las conocen y no tienen acceso a un abogado”.

Julio Baltazar Durand Carrión, especializado en Protección al Consumidor, añadió la experiencia desde Perú: “si uno quiere sacar un crédito de otra entidad financiera no puede, porque todo está interconectado. O sea, si estoy muy endeudado, ya no puedo contraer deuda con otra entidad”. Al otorgarse un crédito, el banco debe verificar si la persona ha contraído esa deuda, y asimismo rige una ley especial de conductas financieras, según la cual los bancos que otorguen crédito sin estos límites son sancionados.

Samanta Lagrutta, directora de la Oficina de Defensa del Consumidor de Hurlingham, alertó sobre la publicidad engañosa y el incumplimiento del deber de información: “no sabemos cuánto debemos, desde cuándo se originó una deuda”, ejemplificando a usuarios que nunca recibieron o activaron tarjetas de crédito, pero que tienen deuda por gastos de mantenimiento. Sobre ciberestafas, sostuvo: “la mayoría de las entidades bancarias y financieras no quieren reconocer el deber de seguridad que tienen ante esto. Y no nos dejan transferir más de 300 mil pesos por mes, pero sí permiten que en 5 minutos nos saquen 3 millones de una cuenta”.

El juez civil y comercial de Rosario, Marcelo Quaglia, consideró que cuando el problema llega al Poder Judicial ya está “instaurado”, y habló de dos grandes pilares a atender: “primero, la generación de herramientas tendientes a la prevención del sobreendeudamiento; y segundo herramientas tendientes a sanear la situación de sobreendeudamiento”.

“Tendría que haber materias en las escuelas, en primaria y secundaria, educación financiera; control de proveedores formales e informales; analizar la refinanciación de las deudas”, dijo. Puntualizó casos donde el consumidor encuentra su cuenta bancaria en cero, por débitos automáticos de su deuda. Pidió revisión de las cláusulas abusivas, regular el pagaré de consumo y “considerar a los hipervulnerables, no sólo adultos mayores, sino también niños, niñas y adolescentes que, con las nuevas tecnologías, tienen acceso a sistemas que pueden generar deuda, como el juego”.

La legisladora Lilia Lemoine, apoyó la necesidad de establecer educación financiera, razón por la cual el Ministerio de Capital Humano incluirá esa materia dentro de la currícula. Abordó las bases de datos ilegales, eje también mencionado durante la jornada: “las entidades no te sacan del Veraz, y estamos trabajando en una modificación de la Ley de Datos Personales”, cerró.

Con información de Parlamentario