El recinto de la Cámara Baja se prepara para una nueva sesión, donde el bloque de LLA busca reunir entre 135 y 140 votos para la reforma de la Ley de Glaciares. Ello, de cara a una fuerte ofensiva opositora en el Congreso; el rechazo y el apoyo de diversas organizaciones que se expresaron en la audiencia pública y en otros espacios.

En vísperas a este álgido encuentro parlamentario, el secretario Luis Lucero expuso ante los legisladores nacionales y acusó abiertamente a la oposición de querer “instalar el miedo”, al sostener que “los argentinos se van a quedar sin agua”, y a través de la difusión de la imagen del Glaciar Perito Moreno en medio del debate, entre otros conceptos.

“El agua dulce no es un verdadero problema, tenemos que distribuirla mejor y no es algo que querramos atacar”.

A su entender, “los ataques al proyecto han implicado un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales” mientras que, “por diversas razones”, este “proyecto cooperativo” tiene como finalidad “el intercambio de información”.

“¿Cómo se puede decir que vamos a dejar que las provincias manejen su agua? Esto no es un ataque al IANIGLA”, reclamó, al tiempo que sostuvo: “una de las cosas que la ley hace es tener un mejor conocimiento del territorio argentino, que hoy no tenemos”.

Sobre minería, dijo que esta actividad “no elige dónde se hace”, sino que se efectúa “donde la geología distribuyó los recursos”. Agregó que “muchos mineros quisieran elegir dónde hacerla y no pueden”.

Aseguró que el Ejecutivo tuvo “la precaución en la redacción” para que el texto del proyecto de reforma “no sea regresivo”, persiguiendo que “la ciencia permita afirmar o negar qué es una reserva hídrica, y si tiene valor estratégico”.

Finalmente, Lucero manifestó que “las autoridades competentes son las autoridades provinciales: esto es federalismo en acción, no declamado”.

En debate

Con dictamen favorable para el ingreso en el recinto, la iniciativa oficial apunta a modificar la Ley 26.639, que estipula las funciones hídricas de glaciares y geoformas del ambiente periglacial, sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua en la recarga de cuencas.

Uno de los puntos álgidos es la eliminación de la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciares: el nuevo texto propone el avance de proyectos, siempre que se cuente con una evaluación de impacto ambiental favorable, y sujetando la habilitación a estudios técnicos que determinen que un área de interés no cumple una función hídrica relevante.

Del mismo modo, el foco se colocó en el Inventario Nacional de Glaciares, donde se identificaron formaciones que alimentan 39 cuencas hidrográficas a lo largo de la cordillera de los Andes, pero que fue señalado por su desactualización y por la falta de presupuesto para profundizar estudios.

Otro factor de discordia es subordinar la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41, transfiriendo facultades y mayor autonomía a las provincias para que éstas definan áreas protegidas y áreas susceptibles de desarrollo productivo.