“En ingresos, el productor tabacalero tiene dos columnas que sostienen su finca y su vida: el precio que percibe por cada kilo de tabaco que vende a los acopios, de acuerdo a un patrón tipo y una grilla (calidad, clase) y donde recibe una facturación. Y ésta le da derecho a recibir la otra parte: los recursos del FET, que en los últimos años ha menguado notoriamente”, explicó el dirigente a Jujuy Económico. Así analizó el escenario de la actividad, la agenda parlamentaria y la urgencia del sector.

Recordó que el Fondo Especial del Tabaco se compone de la recaudación en los paquetes de cigarrillos, donde parte de la venta va a dicho fondo y el precio es un condicionante. Mediante ley, se establece que el FET estará integrado económicamente con el 7% del precio total de venta al público de cada paquete de cigarrillos, más el adicional fijo por atado de cigarrillos.

“Algunas PyMES, a través de medidas cautelares, fueron a protegerse para no pagar el impuesto mínimo fijado por la Ley 27430 (2017), que significa estar dentro de los estándares internacionales exigidos por la OMS y el convenio marco de lucha contra el tabaco. Esas empresas dejaron de tributar, y adhirieron otros pícaros sin tener medidas judiciales”, sostuvo Pascuttini. 

La alícuota vigente es del 70%, que se aplica sobre una base imponible dependiente del precio de venta al consumidor, con un mínimo fijo y garantizado por cada paquete de cigarrillos que es actualizado en forma trimestral conforme las variaciones del Índice de Precios al Consumidor suministrado por el INDEC (Ley N°27.430). Hoy asciende a $792.73. 

“Venimos reclamando desde el 2018 que el Estado Nacional ponga orden a esto, porque es una cuestión de controles, de exigencia y persecución fiscal para que se tenga la obediencia que corresponde. Esto no sucedió ni sucede”, prosiguió en su detalle. De hecho, el no cumplir con la obligación del impuesto interno generó que empresas ofrezcan al público cigarrillos a un menor precio, teniendo ventajas y más participación en el mercado.

De ahí la exigencia de las 7 provincias tabacaleras ((Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, Misiones y Corrientes) para corregir estas maniobras que, según repasó Pascuttini, se trasladó “a todos los organismos” del Ejecutivo, la comisión de Economías Regionales en Diputados, cámaras en lo Contencioso Administrativo y ante el Senado. Ello, no sólo por el “derecho de los productores” sino para reflejar el “perjuicio al erario nacional” que impide incrementar con el impuesto mínimo el fondo de acción social y “palear cuestiones de salud, educación, vivienda”.

El referente de la Cámara de Tabaco aseguró que, de acuerdo con información oficial de AFIP, Secretarías de Agricultura e Industria de la Nación, las empresas en infracción habrían omitido ingresar al fisco el Impuesto Interno de 683 millones de dólares en 2023, con un acumulado desde 2016 a 2023 de unos 2.517 millones de dólares.

“Si es un bien, ¿por qué no hay interés en que se tribute lo que se corresponde? ¿Por qué no poner orden? Es una desidia que no compartimos y luchamos para que se corrija”.

Una respuesta llegó desde el Congreso. La reforma impositiva del tabaco dentro de la Ley Bases abrió expectativas para corregir las desigualdades existentes –igualando los impuestos para todas las empresas del sector- y garantizar una competencia equitativa. Ahora se espera idéntica respuesta desde Diputados.

“Seguiremos luchando por los intereses de la producción y de las miles de familias que viven de la actividad. El congreso, el Ejecutivo, la administración y la burocracia política tienen sus tiempos, totalmente diferentes a los de la producción agraria y las responsabilidades económicas, sociales y de vida de nuestro sector. Es ahora, no ayer ni mañana”, enfatizó Pascuttini, pidiendo que se culmine urgentemente con este conflicto.

En busca de trabajadores

En medio de semilleros, almácigos y preparación de suelos que cobra mayor movimiento desde fines de julio hasta septiembre, el rubro mantiene otra preocupación: “es muy difícil conseguir la mano de obra y, si lo hacemos, los trabajadores no quieren registrarse. Es todo un problema”, argumentó el dirigente.

Al ser consultado sobre las condiciones que enmarcan esta situación, aseguró además: “Tener un trabajador dentro de nuestra finca significa mucha responsabilidad y eso implica mucho riesgo si no está registrado. Por eso tenemos convenios de corresponsabilidad gremial, donde pagamos una tarifa sustitutiva por kilo con recursos del FET directamente en origen, y depositando en la AFIP para dar cumplimiento total a todas las obligaciones patronales, del sistema social, previsional, seguro ART, sindicatos, todo”.

“Estamos seguros de una falta de mano de obra en un 50%, es muy difícil conseguir. Y más cuando las cuestiones climáticas son fuertes: la planta de tabaco conlleva a una cuestión agronómica sobre cuándo se debe arrancar una hoja. Es hoy y no ayer, o mañana”.

En su pedido de convocar a interesados en trabajar en el tabaco, explicó finalmente: “cuando tenemos altos calores nos apresura la necesidad de cortar y cosechar; cuando no lo hacemos se nos pasa la hoja, la calidad no es la misma, el rendimiento y la clase no son lo mismo. Son todas adversidades que el productor tiene que ir tratando de corregir”.