Al respecto, el presidente de la institución, Lisandro Aguiar, afirmó que “la norma prevé el “desmalezamiento de predios privados, de loteos baldíos que en algunos casos son muy grandes, es por ello que se sancionó la ordenanza, teniendo en cuenta la llegada del periodo estival y de lluvias. La norma establece que el municipio podrá realizar por sí o por terceros el desmalezamiento a costo del titular, el monto de esta tarea será más oneroso que si el titular del predio lo realiza por su cuenta, es decir que a la multa se le sumará la prestación de este servicio”.

Más adelante, Aguiar hizo referencia a la nota del Departamento Ejecutivo que tomó estado parlamentario, referente a la designación del nuevo Juez de Faltas del municipio capitalino, “se trata de la Dra. Cristina Adaro, hemos acordado con los concejales en recibirla en las próximas semanas, a fin de realizarle la entrevista correspondiente previa en brindarle el acuerdo”.

También resaltó la importancia de varias normas aprobadas, destacando la sanción de la ordenanza que regula la ocupación de espacios públicos municipales por diferentes escuelas de deportes y de fútbol, a fin de darles orden y seguridad a los niños que ocupan dichos sectores y coordinar con los profesores el trabajo que desarrollan en cada uno de los barrios.

También destacó la autorización al Ejecutivo municipal para la adquisición de dos espacios emblemáticos para la cultura de la ciudad: “el Cine Select que tiene más de 100 años y estuvo a punto de ser demolido y posee un estilo Art Déco, que es único en el ámbito de la ciudad. En el mismo sentido, la adquisición del anexo del Centro Cultural Héctor Tizón que junto al Select y el anfiteatro Las lavanderas, cumplen una importante función cultural”, resaltó el edil radical.

Por último, se refirió al servicio de taxis que atraviesa una situación difícil, “se autorizó de manera excepcional- por un periodo de 2 años- ante la problemática de pandemia y la economía actual, que la antigüedad de los vehículos que era de 8 años pase a ser de 10 años. Una vez transcurridos esos dos años de excepción, vuelve a entrar en vigencia la ordenanza originaria. La idea de este proyecto es darles tiempo a los taxistas para que junten los recursos para cambiar el vehículo, que es fundamental para la eficiente prestación del servicio. Por ello y teniendo en cuenta que cerca de 3000 familias dependen de este servicio, es necesario contenerlos en estos momentos”.