La iniciativa a escala nacional fue impulsada por el legislador del Pro Alejandro Bongiovanni, denominada “Ley de libertad inmobiliaria” y que apunta a eliminar la obligación de contar con título universitario o matrícula profesional para ejercer como corredor inmobiliario en Argentina.

Afín a las líneas de desregulación del Gobierno, la propuesta habilita a cualquier persona a operar en el mercado inmobiliario sin requisitos formales ni restricciones geográficas, con libertad para negociar honorarios; se suprime la obligación de inscripción en registros o cámaras profesionales, elimina límites jurisdiccionales y aranceles fijos o mínimos en las comisiones. Con ello, los colegios profesionales serían privados de sancionar a quienes ejerzan tal actividad sin matricularse, entendiendo -según el texto del proyecto- que se modificaría el actual “monopolio” que limita la competencia a escala país, siguiendo experiencias de España, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

Días atrás se conoció el rechazo de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), advirtiendo que la eliminación de controles implicarían resultados negativos para los consumidores. Ahora, desde Jujuy, el diputado Diego Rotela se sumó en contra de esta iniciativa en el Congreso, afirmando que se profundizarán los efectos negativos ya provocados por la "fallida Ley de Alquileres". 

“Está claro que los diputados nacionales del PRO son propietarios y no alquilan viviendas como hacemos muchos argentinos. Parece que no aprendieron nada de los problemas que generó aquella ley, que produjo una retracción de la oferta, aumentos indiscriminados de precios por la alta demanda y contratos faraónicos, alejados de la misma ley, con ajustes mensuales”, remarcó.

 A su entender, avanzar con una desregulación total del sector afectará no solo a los inquilinos, sino también a los propietarios, y sobre todo, a miles de profesionales inmobiliarios.

“Pretender la eliminación del título universitario, la matrícula profesional y la inscripción en colegios públicos de profesionales atenta directamente contra el mercado inmobiliario en su totalidad. ¿Cuál sería la diferencia con desregular el ejercicio de la medicina y permitir que un traumatólogo no necesite título habilitante, o que cualquier persona pueda hacer balances sin ser contador?”.

Rotela también hizo referencia a los antecedentes locales y advirtió sobre los riesgos concretos de implementar este tipo de medidas en provincias como Jujuy.

“Los jujeños sabemos muy bien lo que una medida de este tipo ocasionaría en el mercado local. No olvidemos las estafas del pasado, especialmente con ventas ilegales que derivaban en tomas de tierras ajenas, algunas incluso con víctimas fatales. La falta de control implicaría precios desmedidos, inseguridad jurídica, daños a propiedades, estafas, y permitiría que se siga lucrando con situaciones ilegales como la posesión deshonesta de inmuebles”, añadió.

Por último, el legislador jujeño se refirió a la problemática estructural de acceso a la vivienda:“Que en la Argentina hay un déficit habitacional no es novedad, pero sí es responsabilidad del gobierno nacional haber frenado programas como el Fonavi o los créditos Procrear para construcción en terreno propio. No se solucionan los problemas anteriores creando nuevos conflictos. Deberían entenderlo”.