La protesta se extendió desde las terminales portuarias del extremo sur del país hasta el Río de la Plata y el río Paraná. El mayor impacto se registra en el corredor fluvial por el que circula gran parte del comercio exterior argentino -granos, insumos energéticos y otras mercaderías- con complicaciones en terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes. Se contabilizaron más de 100 buques sin poder operar.

Así, el sector rechaza la decisión de Nación- a través del área de Desregulación encabezada por Federico Sturzenegger- que elimina “barreras de entrada”, fomenta una “mayor competencia” y reduce costos operativos vinculados con la navegación comercial, según los argumentos oficiales.

La normativa vigente permite la contratación directa de servicios y que, bajo determinadas condiciones, capitanes naveguen sin la obligación de contar con contratos de prácticos. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la reforma como “abusiva e inconstitucional” y anticipó que promovería tanto una Acción de Amparo ante la Justicia Federal como una denuncia penal a los funcionarios involucrados, entendiendo que tal desregulación afectaría la seguridad náutica.

De cara a las complicaciones logísticas, Prefectura Naval Argentina intimó perentoriamente a unos 500 profesionales de practicaje y pilotaje, exigiendo que retomen la prestación por tratarse de un “servicio público esencial” y advirtiendo sobre las consecuencias legales frente a estas medidas de lucha.

El paro continúa, pero se aclaró desde el ámbito profesional que no se dejó de asistir a buques y embarcaciones de petróleo y gas licuado, a los fines de asegurar el abastecimiento energético y reducir riesgos ambientales.